Elecciones, ¿cómo nos afectan? - El blog de CerQana

Elecciones, ¿cómo nos afectan? Propuestas sobre dependencia e inclusión

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Se celebrarán de nuevo las elecciones generales en España, y estos días estamos viendo muchos mítines, debates, promesas y palabrería. Un tema que nos interesa especialmente y que no suele tratarse ampliamente antes de las elecciones son las propuestas de los diferentes partidos sobre la dependencia y la inclusión social. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia denuncia que ha habido más de 127.000 personas consideradas dependientes y con su derecho reconocido, fallecidas en espera de su tratamiento. 76.000 núcleos familiares perdieron la prestación económica que se les había garantizado y más de 450.000 siguen en la lista de espera.

Plena Inclusión, la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en España hizo público un documento en el que detallaba los puntos que deberían ser prioridad en material política y social, con el objetivo de que los partidos políticos la implementaran en sus respectivos programas de cara a las elecciones:

1.- COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES: las políticas sociales dirigidas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo deben tener en cuenta de forma especial a mujeres, niños y niñas, personas mayores, personas que vivan en zonas rurales, inmigrantes, etc.

2.- ACCESIBILIDAD COGNITIVA: estas personas tienen derecho a la accesibilidad cognitiva de en todos los ámbitos de la vida. La falta de acceso a la información impide el disfrute de los derechos y de una vida verdaderamente incluida en la comunidad.

3.- ATENCIÓN TEMPRANA: que cualquier niño con discapacidad que lo precise disponga de servicios de atención temprana (0 a 6 años) en un plazo de tiempo prudencial y asegurar que no se vea vulnerado su derecho al más alto nivel de salud, por razón de escasez de recursos.

4.- EDUCACIÓN: garantizar que los orientadores escolares apoyen a aquellas familias que eligen para sus hijos la inclusión educativa y que las mismas dispongan de suficientes plazas para escolarizar a sus hijos en centros educativos con recursos y apoyos que aseguren una escolarización exitosa y de calidad.

5.- SALUD: establecer recursos adecuados y suficientes para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (especialmente cuando además presentan algún problema de salud mental), con enfoques centrados en la familia, los tutores y servicios basados en la comunidad.

6.- TRABAJO Y EMPLEO: establecer medidas de discriminación positiva que fomenten la obtención y mantenimiento de empleo a las personas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad.

7.- VIDA INDEPENDIENTE E INCLUIDA EN LA COMUNIDAD: realizar un estudio sobre la situación de las personas institucionalizadas en España, que analice las características de los residentes y de las instituciones, como paso previo a la elaboración de un Plan de Transición hacia Servicios Basados en la Comunidad.

8.- NIVEL DE VIDA ADECUADO: Modificar la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para asegurar unos  límites de participación del beneficiario adecuados a la capacidad económica del mismo y la no discriminación por razón de territorio.

9.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA: asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante la reforma de la Ley de Régimen Electoral, actuaciones para favorecer la recuperación del derecho al voto, y facilitar los procedimientos, instalaciones y materiales electorales para que sean más accesibles a los colectivos con dificultades de comprensión. Junto a todo ello, también apoyar la creación de asociaciones formadas por las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

10.- APOYO A FAMILIAS: mantener y desarrollar programas de respiro familiar, e impulsar el desarrollo de habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad intelectual o del desarrollo.

11.- IGUALDAD ANTE LA LEY: adaptar la normativa sobre ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, en colaboración con sus organizaciones representativas. Dicha reforma debe abordar el cambio de modelos basados en la sustitución y representación de las personas, hacia modelos de apoyo a la toma de decisiones que se basen en la voluntad y preferencias de cada persona.

12.- ACCESO A LA JUSTICIA: garantizar del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de la capacitación de los que trabajan (y trabajarán) en la administración de justicia: jueces, fiscales, abogados, personal policial y penitenciario, etc.

13.- APOYO A LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES para que puedan llevar a cabo la función social que tienen atribuida de representación y defensa de los intereses generales de las personas con discapacidad.

Habrá que esperar a ver cuántas de estas medidas son realmente implementadas por el futuro gobierno, y cómo. Porque como ya hemos visto en otras elecciones, una cosa es lo que se promete, y otra lo que se hace. Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y organizaciones como Plena Inclusión seguirán colaborando y trabajando para que estas propuestas se lleven a buen término.

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